Por: José Gómez CumpaEn efecto, esta crisis nos hace ver lo endeble de nuestra democracia en varios sentidos:
Por un lado, la exclusión real de un sector importante de nuestra población; los nativos de la selva, que deben recurrir a medidas violentas para ser escuchados, con el agravante que esta audiencia está limitada por la consabida viveza criolla de nuestros políticos, acostumbrados a jugar permanentemente con las tretas de la política cotidiana: el "diálogo" junto con la persecución judicial como herramienta de presión; la admisión a debate en el Congreso, pero sin quórum, y finalmente en el clásico mecanismo de la "mecida" permanente.
En los sucesos de Bagua son protagonistas importantes los awajún y wampis, quienes son parte de la etnia jíbara, tradicionalmente aguerridos, al punto de no haber nunca sido conquistados por los españoles (rechazaron todas las misiones cristianas hasta los años 40 del siglo pasado, en que por fin el padre jesuita Martín Cuesta instaló una misión en Chiriyacu -cuenca del Marañón-), después de múltiples, fallidos, intentos, desde los albores de la época colonial. Esta misión, por muchos años a cargo del recordado José Maria Guallart (ya fallecido, el más destacado de los estudiosos de los awanjún-wampis), ha permitido la incorporación de esta población a nuestra nación, ya que antes estaban realmente desvinculados. Por esa época llega también algún misionero evangélico (norteamericano) a la zona del Cenepa. Posteriormente el estado ha ido entrando con la carretera Corral Quemado-Sarameriza, desde los años 70, junto con un proceso de colonización militar y de migraciones andinas, que ha drenado mucha población "mestiza" en la cuenca del Marañón, generando conflictos y disturbaciones interétnicos que aún no han sido resueltos.
Por otro lado, no olvidemos que los sucesos se dan en Bagua porque es el escenario que permitía la visibilización de los awajún-wampis: ellos evaluaron que la única forma de hacerse sentir era interrumpir esta importante carretera, la "Marginal", llamada ahora "Fernando Belaúnde Teery". Esta zona está ubicada realmente a varios kilómetros de sus territorios: ellos viven más adentro (al este), ya que las comunidades nativas están concentradas desde el distrito más oriental de Bagua (Imaza), y en la vecina provincia de Condorcanqui. También hay un corredor awajún en la ruta del río Nieva, (distrito Awajún, en la provincia de Rioja, colindante con la provincia de Condorcanqui), y sobreviven algunas comunidades en las provincias de San Ignacio (norteeste de Cajamarca), y Alto Amazonas (provincia noroccidental de Loreto). Pero las que se han movilizado en este conflicto han sido las comunidades nativas de Imaza y Condorcanqui.
El recelo de los awajún-wampis frente a los "invasores" mestizos es justificado, si tenemos en cuenta que los bracamoros o "pacamuru", parientes jíbaros de la actual zona de Jaén (al este, colindante con la región de los awajun-wampis), fueron exterminados por la temprana colonización de los siglos XVIII y XIX, quedando sólo los testimonios arqueológicos y pictográficos que son estudiados por Ulises Gamonal desde hace más de 20 años.
Por el norte (sur de Ecuador) están los shuar y los achuar, parientes jíbaros de Ecuador, que también en estos momentos (junio 2009) tienen enfrentamientos con su estado por problemas con las petroleras (recordemos que la riqueza petrolera de Ecuador está justamente en la zona selvática, y forma parte de una cuenca petrolífera que es compartida con Perú y Colombia).
Además ellos mismos, los awajún-wampis, hace muchos años, han sido desplazados de las hoy mestizas provincias de Bagua y Utcubamba, un área neta de colonización ya asentada desde mediados del pasado siglo XX. Allí se observa en todo su furor la degradación ambiental de los arrozales y de las laderas deforestadas (en Bagua y Utcubamba, en plena selva alta, el agua potable domiciliar es un bien muy escaso y hay un calor seco espantoso).
En el fondo todo este problema tiene su origen en la famosa propuesta de Alan García de caracterizar a los conservacionistas como "perro del hortelano": "no come ni deja comer". Y de allí arranca un grave error de concepción política que se deriva en trágicas decisiones de manejo de los conflictos que se generan a partir de este tema. En efecto, de la concepción de la selva como área vacía, que caracterizaba al pensamiento colonizador de hace 40 años, se ha pasado a una concepción que considera que es posible y políticamente correcto usufructuar los recursos amazónicos sin considerar a los nativos, que serían personas sin ciudadanía, sin derechos civiles, y sin reprentatividad legítima.
Esta concepcion tiene una fundamentación ideológica en el contexto del neoliberalismo más radical, orientado al corto plazo. No olvidemos que los enfoques de desarrollo humano, tienen más bien base en la sutentabilidad no sólo ecológica y económica, sino principalmente social y política: la necesaria participación en las decisiones por parte de los involucrados, lo cual no se ha dado en todo este proceso de establecimiento de la normatividad para la gestión de los recursos de la amazonía peruana.
A todo estos elementos se suman otros que corresponden a la crisis de nuestra institucionalidad, que se manifiesta en:
1. La ignorancia de nuestra clase política de las características y los procesos de nuestro país. Nuestro país es uno y diverso, hay varios perúes: el de la selva es uno de los más complicados, no sólo por la heterogeneidad de los grupos étnicos que sobreviven, sino por la distancia cultural que separa a la cultura "occidental" de los políticos "kistián" (así nos llaman los awajún-wampis a los "cristianos" o mestizos de costa y sierra). La clase política (presidente, premier, ministros, congresistas) debía estar mejor asesorados e informados de lo que pasa en cada espacio cultural y regional.
2. La inorganicidad y corrupción de la representación parlamentaria, que termina representando sólo sus intereses particulares, y de algún eventual "lobby" que les permite alguna ventaja particular. No olvidemos que detrás de todo este conflicto está el interés en la explotación petrolera y en las concesiones de la biodiversidad a corporaciones transnacionales, en condiciones probablemente poco beneficiosas para el país, como ya ha venido
ocurriendo en las dos últimas décadas.3. La deficiente preparación de los mandos policiales que no han tenido la capacidad de diseñar estrategias de intervención adecuadas en los diversos conflictos que se han presentado en los últimos años. En este caso luctuoso y penoso de Bagua, son evidentes las deficiencias en el trabajo de inteligencia, así como la improvisación manifiesta en las decisiones tomadas en el terreno, que derivaron en asesinatos penosos e injustificados, por ambos bandos.
Este sacrificio innecesario de muchos policías se agrega a otros, en que han sido victimados en circunstancias parecidas, en esta década, es decir, por equivocados planteamientos tácticos de sus mandos, y por errores políticos de los "estrategas" de alto nivel, muchas veces simples oportunistas que no han tenido la preparación o asesoría adecuada para la toma de decisiones políticas trascendentes. Y consecuencia de esta deficiente dirección también ha sido la violenta masacre de los manifestantes, en su mayoría nativos awajún-wampis, cuya violencia y masividad no había sido prevista en los preparativos de desalojo.
Resultado de estos ingredientes: una coyuntura política incierta, sujeta a evaluaciones equivocadas de la situacion sociopolítica del país, y también a la terquedad presidencial, que dificulta la viabilidad y credibilidad de cualquier diálogo.
Por todo ello, consideramos que la solución a corto plazo de este grave problema, que está profundizando de manera peligrosa la brecha que nos separa de las etnias excluidas y empobrecidas de la selva, es el diálogo respetuoso que permita canalizar las objeciones legítimas planteadas por los hermanos nativos de la selva a las normas que felizmente ya han sido suspendidas, es una señal positiva inicial. Y buscar consensos que permitan la explotación racional de los recursos de la selva, lo cual implica reforzar los mecanismos de control del estado y la definición de políticas de estado en esa orientación.
Un mecanismo puede ser el reactivar, con seriedad y bajo la dirección del presidente de la República, del Acuerdo Nacional, hasta ahora sólo un adorno poco útil en nuestra precaria democracia. Dentro de ello, establecer una política que oriente a la incorporación de las poblaciones nativas de la selva a nuestra institucionalidad democrática (muy endeble, pero es la que tenemos). Ello implica resolver el problema de su representatividad y legitimidad.
Y también, por supuesto, de reivindicar los derechos de estas poblaciones excluidas y empobrecidas a los beneficios de la educación, la salud y la promoción del desarrollo sostenible.
